Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Estudiar, analizar y definir el fenómeno de la desinformación y sus diversas manifestaciones, así como sus efectos, en concreto en relación con colectivos en situación de especial vulnerabilidad. A su vez, proponer políticas públicas y estrategias y propuestas de regulación normativa en defensa del derecho a recibir información veraz que repercutan en la confianza en el sistema democrático y que, a su vez, prevengan, neutralicen y, eventualmente, sancionen conductas malintencionadas de desinformación relacionadas con el auge de los delitos de odio asentado en los nuevos escenarios de comunicación, sin menoscabar la libertad de expresión e información, con el fin de contribuir a la reducción de la polarización social. 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer un marco teórico acerca de la desinformación y los discursos del odio que dé soporte al resto de la investigación, a partir de la revisión bibliográfica de los trabajos doctrinales y estudios más recientes en este campo. 

Atendiendo a un marco bibliográfico reciente y con gran aval científico a nivel nacional e internacional, se pretende la delimitación de un marco teórico que suponga la base de la investigación que pueda expresar la afectación del derecho a recibir información veraz. Además, se podrá expresar así cuándo a su vez dicha vulneración del derecho genere desigualdades y discriminaciones a determinadas personas por su pertenencia a determinados colectivos o con base en sus circunstancias personales o sociales. 

2. Delimitar conceptualmente el fenómeno de la desinformación y delimitar sus contornos y manifestaciones de forma clara y precisa, distinguiéndose de otros fenómenos similares como los discursos del odio. Ello sí, delimitando sus posibles conexiones. 

Partiendo del marco teórico anterior, se busca desde una perspectiva ontológica relacionar la desinformación y sus manifestaciones, en tanto nuevo canal de difusión de los discursos de odio. Con ello, se busca abordar la delimitación de las distintas expresiones de la desinformación y, en concreto, aquellas que más tienen como fin el menoscabo de la dignidad humana y el libre desarrollo de determinados colectivos. 

3. Identificar cuáles son los actores de la desinformación, así como los principales objetivos de sus campañas desinformativas. 

Además, será necesario delimitar los operadores y actores de la desinformación, distinguiendo entre principales y agentes. Pretendemos así indagar sobre el interés de determinados actores en las campañas desinformativas y, comenzar a delimitar eventuales ámbitos de responsabilidad y la posibilidad de sancionar sus conductas, sin menoscabar la libertad de expresión y de información. 

4. Vincular la investigación a los colectivos en situaciones de vulnerabilidad, dimensionando el contexto de su fragilidad también frente a la información. 

Nos referimos al análisis de las conexiones de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran determinadas personas, con su afectación por la desinformación y su vinculación con la polarización en relaciones de causa-efecto. 

5. Analizar la relación de retroalimentación que puede darse entre la desinformación y los discursos del odio, y sus efectos estigmatizadores sobre algunos colectivos discriminados/en situación de vulnerabilidad. 

Se estudiarán los efectos de las campañas desinformativas que tienen por objeto o efecto la estigmatización de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad. En particular, se estudiará la incidencia de la desinformación en las posibilidades de ejercicio o no de sus derechos y libertades, así como la capacidad de estos y de ciertas organizaciones que actúan en su defensa para alterar la opinión ciudadana sobre ellos. Se tendrá presente en todo momento que la proliferación de este tipo de contenido desinformativo en el debate público puede poner en riesgo su seguridad, si estas campañas llegan a generar un clima de hostilidad frente a sus miembros, en tanto germen de la polarización ciudadana. 

6. Estudiar la incidencia real de la desinformación en España, prestando especial atención a su distribución espacial en el territorio nacional y a su relación con la población susceptible de ser afectada. 

Para ello se analizarán las diferentes estadísticas y datos disponibles utilizando las Tecnologías de la Información Geográfica, concretamente los Sistemas de Información Geográfica. Estas herramientas permitirán localizar y verificar la existencia de patrones y relaciones espaciales, ofreciendo una aproximación coherente al alcance territorial de la desinformación a través de cuestiones relacionadas con la alfabetización y la brecha digital, poniéndolo en relación con las características demográficas de la población que habita dichos lugares, atendiendo especialmente a los colectivos vulnerables. Los resultados de este análisis espacial quedarán reflejados a través de una colección de mapas temáticos inéditos. 

7. Realizar un estudio de caso que ponga en estrecha conexión la incidencia de la desinformación y la estigmatización social de colectivos vulnerables con la pérdida de derechos y libertades de las personas que los integran. 

En este sentido, el tratamiento de información relativa a la situación provocada por la COVID-19 y la estigmatización de los inmigrantes y otros colectivos puede servirnos de base para establecer las bases de la prevención práctica de las discriminaciones relacionadas con la desinformación. Ahondar en posibles soluciones jurisdiccionales a controversias en torno a dichos discursos de odio y polarización que se hayan producido en esta etapa, puede ayudarnos a establecer las bases de las posibles respuestas de intervención de los operadores jurídicos ante supuestos similares. 

8. Búsqueda de propuestas de regulación que solucionen la problemática y revisión de propuestas solutivas actuales. 

Una vez conocida y reconocida la problemática, se propone la realización de un estudio que analice concretamente el recorrido de los instrumentos jurídicos y las soluciones normativas que se han propuesto hasta ahora para luchar contra la desinformación en los países de nuestro entorno, así como la respuesta normativa recientemente adoptada por el Estado español en el llamado Procedimiento Contra la Desinformación. 

9. Analizar la afectación de derechos fundamentales y libertades públicas que, en concreto, merecen una protección jurídica al respecto. 

Desde esta óptica, se pretende reproducir, así como analizar, las soluciones que se han propuesto hasta ahora para abordar normativamente la desinformación y la eventual incidencia en los derechos fundamentales y las libertades públicas de las nuevas propuestas que se generen con la investigación. La regulación jurídica de la desinformación exige tomar en consideración derechos fundamentales tan importantes como las libertades de expresión e información, y respetar en todo momento el pluralismo político que debe regir en todo sistema democrático y que sustenta, a su vez, la pluralidad informativa de los medios de comunicación. El objetivo de cualquier regulación en esta materia ha de ser siempre la protección de un escenario de debate público que permita la formación de una opinión pública verdaderamente libre, sin coartar las libertades de expresión y de información. 

10. Estudiar cuál ha sido hasta ahora el tratamiento jurisprudencial de este fenómeno, y llevar a cabo un análisis de jurisprudencia comparado que nos permita identificar los problemas que encuentran los tribunales a la hora de aplicar el marco normativo regulador de la desinformación. 

Con ello se pretende abordar la operatividad práctica de los resultados de la investigación propuesta, partiendo de la labor jurisdiccional de la protección de los derechos fundamentales, con base en la jurisprudencia que se haya ido dictando en relación con la desinformación y, también, con los delitos de odio. Así, podremos establecer relaciones de conexión entre las infracciones y sanciones actuales y que eventualmente se adopten. 

11. Elaborar una serie de propuestas que puedan resultar de utilidad en el diseño de una estrategia estatal de lucha contra la desinformación, a partir de las carencias identificadas en los instrumentos normativos vigentes. 

Una vez se llegue a concluir el proyecto, el último punto consistirá en elaborar una serie de recomendaciones que se puedan tener en cuenta a la hora de la elaboración de una propuesta estatal de lucha contra la desinformación. Ello sí, pretendemos que vaya más allá de la protección de los procesos democráticos y la integridad de los sistemas electorales y se centre en reducir la polarización social, combatiendo los discursos de odio que, a través de las redes sociales e internet, pretenden menoscabar la dignidad de determinadas personas por su pertenencia a un determinado colectivo que prevengan y sancionen la eventual afectación del ejercicio de sus derechos y libertades.